Los Verdes de Puerto Real pregunta a la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento sobre las afecciones acústicas que producirá a los vecinos de El Río San Pedro el segundo puente a Cádiz.Los Verdes de Puerto Real ha remitido un escrito a la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento para preguntar como se van a acometer las medidas correctoras necesarias para minimizar el impacto acústico que generará el tráfico de vehículos por el tercer acceso a Cádiz. El ruido supondrá uno de los mayores impactos que provocará esta infraestructura en el Río San Pedro, que según los estudios previos soportará un tráfico de unos 100.000 vehículos al día.
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en su artículo 7.1, describe las zonas de servidumbre acústica como aquellas “destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario con las edificaciones implantadas en la zona de afección”.
Continúa el Real Decreto en su artículo 10 que “cuando se delimite una zona de servidumbre acústica en un área urbanizada existente, se elaborará simultáneamente el correspondiente plan de acción en materia de contaminación acústica” que “contendrá las medidas correctoras que deban aplicarse y la cuantificación económica de cada una de ellas”.
Es evidente que esta megalómana infraestructura generará una zona de servidumbre acústica de singular importancia. De hecho, teniendo en cuenta la cercanía de las viviendas (ver foto), Los Verdes dudamos seriamente de que la mitigación del ruido producido sea completa, independientemente de las medidas correctoras que se ejecuten.
Es por ello que vemos necesario ejercer presión sobre el Ministerio de Fomento para que implemente las mejores tecnologías disponibles de tal modo que, como manifiesta la legislación vigente, “se alcancen en el interior de las edificaciones unos niveles de inmisión acústica (ruido dentro de las casas) compatibles con un normal desarrollo de la vida diaria”.
En el aspecto financiero en esta ocasión los vecinos de El Río tenemos suerte, y no ocurre como con el lamentable asunto de las torres de alta tensión, que desgraciadamente siguen en pie. Esta vez las viviendas estaban antes que la infraestructura y, según marca la ley, es el Ministerio quien obligatoriamente debe financiar la instalación de las medidas correctoras.