En la próxima legislatura será complicado garantizar el acceso a la vivienda a la ciudadanía gestionando un PGOU con una apuesta débil por la vivienda protegida. El Plan General, aprobado con los votos a favor de IU, PSOE y PA, ha establecido un porcentaje mínimo de suelo edificable para vivienda protegida de poco más del 40%. Un porcentaje irrisorio (la ley obliga al 30%) teniendo en cuenta que la demanda de VPO se mantiene disparada en nuestro municipio y, al mismo tiempo, muchas promociones de viviendas de renta libre se encuentran paralizadas por falta de demanda, recalificándolas a VPO una vez construidas para poder venderlas. En esta situación no tiene sentido planificar sólo 4 viviendas protegidas por cada 10 que se construyan.
El Ayuntamiento en los últimos años ha sucumbido al urbanismo de renta libre como mecanismo de financiación, provocando que la falta de diligencia a la hora de gestionar las cuentas municipales la pague la ciudadanía con su derecho al acceso a la vivienda. Está línea política tiene su máxima expresión en el PGOU aprobado el pasado año. Para Los Verdes es necesario buscar fuentes de financiación diferentes a vender el suelo de toda la ciudadanía puertorrealeña, dificultando a estos el acceso a la vivienda.
Además, otro elemento a tener en cuenta es que la mayor parte de la vivienda protegida se concentra en la reserva de El Barrero, la zona conocida como “El Almendral”, con una reserva del 60% para VPO. Un espacio de indudables valores naturales y arqueológicos. De hecho, las recientes excavaciones que se han realizado en la zona deberían llevar a una revisión de la planificación de la parcela de modo que se reduzca la zona edificable. En el resto de parcelas de “suelo urbanizable” el porcentaje de edificabilidad reservado a VPO es el 30% que obliga la ley.
De modo que no sólo la planificación del Ayuntamiento en “suelo urbanizable” ha sido modesta a la hora de apostar por la vivienda protegida, sino que además la parcela que reserva el mayor porcentaje de VPO con diferencia, la única por encima de lo que exige la ley, resulta que alberga un patrimonio excepcional que debería ponerse en valor y no sepultarse bajo cemento y ladrillo.
En el caso del “suelo urbano no consolidado”, es decir, las parcelas dentro del casco urbano que están pendientes de urbanizar, se ha planificado un 30% mínimo edificable para vivienda protegida en las parcelas privadas y un 50% para las parcelas de titularidad municipal. Desde Los Verdes entendemos que para el desarrollo de estas parcelas hay menos razones que nunca para oponerse a una planificación 100% VPO, ya que los costes de urbanización no existen o son mínimos, al encontrarse las parcelas en zonas ya urbanizadas.
Ante esta situación, la propuesta programática de Los Verdes-Ecolo Puerto Real sobre vivienda, teniendo en cuenta que la aprobación definitiva del PGOU limita mucho la capacidad de actuación e impide desarrollar un modelo de ciudad avanzado, estaría enfocada a las parcelas de titularidad municipal. Se trataría de convertir este suelo a 100% VPO frente al 50% actual. De este modo estaríamos hablando de la construcción de un total de 406 viviendas protegidas sólo en el suelo público urbano no consolidado.
Desde inicios de la pasada década Los Verdes hemos defendido un PGOU 100% VPO. Un posicionamiento político valiente que planteaba un Plan General que implementara una moratoria, en principio de 8 años, a la construcción de viviendas de renta libre, hasta que la demanda de la vivienda protegida fuera residual. Un discurso orientado a la desmercantilización de la vivienda como fundamento básico para el acceso a la misma.
El tiempo nos ha dado la razón en este sentido, pues son muchas las promociones de renta libre que han tenido que ser reconvertidas a protegidas con ayudas públicas por el colapso inmobiliario. Con el vergonzoso ejemplo en Puerto Real de las “VPO en primera línea de golf” de Villanueva Golf Resort en el Barrio Jarana.